Como suele ocurrir en los juegos de niños, el Pacto de Mayo que anunció elpresidente Javier Milei tiene una pequeña trampa: quien convoca pone las reglas y, al menos por ahora, no hay permeabilidad. Por eso, elacuerdo que fue lanzadoen marzose llama “de mayo”, pero será firmado en julio y genera algunas dudas incluso entre quienes adhieren. El decálogo contiene una serie de máximas de amplio consenso, pero le agrega condicionamientos y detalles regulatorios que exceden el marco de un pacto: el retorno de la jubilación privada, la calificación de “extorsiva” a la coparticipación federal y un porcentaje de referencia del ajuste sobre el gasto público sin tener en cuenta las obligaciones del Estado en la prestación de servicios básicos. Justamente allí está el principal problema. Es que, el Pacto de Mayo obvia al federalismo, la salud, la educación y la seguridad que el Estado debería garantizar.
Las palabras del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, rompieron el estado de hipnosis en el que pareceestar la mayoría de los mandatarios provinciales; un estado en el que estarían obligados a seguir solo la agenda impuesta discursivamente por el presidente Milei, aún contra los intereses propios.
Cargado de sentido común, Pullaro se animó a advertirle al presidente Javier Milei que las provincias y el sector productivo necesitainfraestructura, que los jóvenes deben tener acceso a la educación.“Somos el interior productivo que siempre sacó adelante a la República Argentina. Somos gente de trabajo que quiere producir. Somos los nietos de los inmigrantes y habitantes originarios que hicieron grande a la República Argentina”, dijo el santafesino,nacido enla política, como Pablo Javkin y también como Alfredo Cornejo, desde la militancia universitaria.
No hace falta ni preguntar: Mendoza adhiere al Pacto de Mayo. La provincia irá herida a Tucumán: los recortes presupuestarios nacionales se sufren y la parte del acuerdo logrado para sancionar la Ley Bases en la que la Provincia podía ganar pende de un hilo. Cornejo no tendrá la presión de San Martín encima, como la sentían Tomás Godoy Cruz y Juan Agustín Maza en 1816 para que se firme rápido el acta de la Independencia, sino más bien algunas ideas más leves como la de seducir a La Libertad Avanza, ratificar el rumbo elegido por Milei y rogar que la macroeconomía mejore de manera sustentable.
Para Cornejo el apoyo al Presidente y su equipo genera una disyuntiva, que no es la única de su gestión; por cierto. El Gobernador se enfrenta a la pelea interna que le puede generar a una persona actuar sobre lo que realmente siente y lo que cree que le conviene. Cornejo nunca tuvo empatía con Milei antes de las elecciones y no le cree. Pero apuesta a que le vaya bien porque lo considera el “mal menor”. Está de acuerdo con la búsqueda del equilibrio, pero no con esa extrema ausencia del Estado. Como dirigenteha potenciado la participación regulatoria del Estado, algunas veces cruzando límites impensados para cualquier libertario; con expropiaciones, empresas estatales, subsidios y programas de gobierno con acento en el rol regulador y rector de las políticas públicas en educación, salud y seguridad.
Hoy Cornejo se conforma con que a Mendoza le den lo que le corresponda y que se convierta en un pequeño país, asumiendo todas las responsabilidades. Más aún: no mira con desagrado apoyar y seducir políticamente a figuras de una enorme liviandad como Lourdes Arrieta y su entorno para tratar de capitalizar esa llegada en las elecciones del año que viene. Pragmatismo llevado al extremo del oficialismo que también está hipnotizado.
Cambia Mendoza es una alianza política ecléctica por naturaleza, con una capacidad de adaptación enorme que le puede permitir camuflarse de libertaria el año que viene. Claro, falta mucho y todo dependerá del recorrido y el éxito que tenga Milei. La franquicia no será sencilla, pues hay otros patrocinantes, empezando por el también radical Luis Petri.
Luces naranjas
Las tensiones con las que el propio Cornejo gobierna incluye un tablero de control con luces anaranjadas. Una de esas luces es el de los costos de los servicios públicos y la doble presión: la propia, impuesta por la política tarifaria local, y la nacional, que comienza a notarse en el costo de vida de los mendocinos. El impacto de las tarifas es importante, sobre todo porque los salarios quedaron estancados. El monitoreo es constante y no queda otra, pues los aumentos del agua y sobre todo de la luz tienen un ritmo coreográfico bien pautado: cada tres meses aumenta, sin necesidad de audiencia pública y con ecuación propia. Las empresas viven una luna de miel impensada, pues tienen una enorme liquidez que les permitió potenciar el juego en el negocio financiero. Así lo advirtió Edemsa, con un agregado: tras varias décadas, esa distribuidora salió al mercado de capitales para captar recursos de los ahorristas. Por eso emitió dos series de obligaciones negociables. Esa empresa es controlada por un holding energético y diverso mayor, liderado por José Luis Manzano, y con la ampliación de su objeto social, logrado el año pasado, tiene un margen de maniobra extenso. El Gobierno también tiene a su cargo el seguimiento del proyecto minero Potasio Río Colorado, que a través de Manera Aguilar es controlado por los mismos accionistas.
En su plan minero el Gobierno avanza con aplomo, pero deja algunos flancos abiertos; como el control ambiental. Extrañamente el área sigue vacante, aún cuando hay procesos críticos en marcha: el traspaso de áreas petroleras de alto riesgo ambiental, el saneamiento de Sierra Pintada, y la lista sigue. En su plan también hubo construcciones discursivas controvertidas, producto, quizá, del exceso de confianza. Es lo que se nota con el absurdo proyecto de los legisladores Cairo y Mosso para que sea declarado “día del empobrecimiento” la fecha en la que se sancionó la ley 7722. Además de ser una innecesaria provocación, esa idea de los oficialistas subestima y pretende ponerse por arriba de sus pares (que sancionaron la ley) y hasta de la Suprema Corte que ratificó su legalidad y legitimidad. Ambos pecan, además, de cierta amnesia histórica respecto al recorrido productivo de Mendoza: la caída de la producción, el empobrecimiento general y hasta la falta de inversiones en actividades extractivas no se deben a la sanción de esa norma. De hecho Mendoza tiene una extensa trayectoria en explotación petrolera y en las últimas décadas hubo una dejadez en la exigencia a las empresas para explorar (sobre todo hacia YPF) y el abandono por completo de planes de largo plazo.
La inversión en minería de Mendoza no cayó porque nunca fue relevante. Sí descendió el interés por explorar, que hasta entonces era también retórico y siempre fue un negocio más relacionado a lo inmobiliario que a lo productivo. Ni antes, ni durante ni ahora, ninguno de los impulsores de la minería hizo algo para exigir el saneamiento de Sierra Pintada, uno de los más espantosos antecedentes mineros de Mendoza. También obvian el desastre social que dejó Vale cuando abandonó el proyecto Potasio Río Colorado. En ninguno de esos dos casos tuvo algo que ver la 7722.
El plan minero del Gobierno es incipiente, como lo es esa actividad en Mendoza. Tan incipiente que sería un error considerar que habrá resultados en el corto plazo. Pero sí se pueden plantear escenarios y no repetir errores que aún hoy son tangibles. Es lo que ocurrió con la industria petrolera: Mendoza vivió su época dorada y despilfarró recursos sin prever el futuro finito de esos ingresos. Por eso Malargüe está empobrecida, sin que se haya invertido en modelos productivos alternativos cuando había recursos. También por eso no se armó un plan logístico y de infraestructura para incentivar nuevas actividades y recién ahora, con décadas de demora, se elabora el plan para Pata Mora. La Ley de Responsabilidad Fiscal y otras normas buscaban blindar los recursos de regalías para que se invierta en bienes y obras y no en gastos corrientes. La excepción se hizo regla para que eso no ocurra.
El Banco Mundial, por ejemplo, emitió un profundo documento en el que se analizan los por qué de la decadencia económica argentina. Una de las razones es la falta de políticas anticíclicas, es decir no aprovechar los años de bonanza para sembrar futuro y, en cambio, malgastar y mal invertir. “Los recursos naturales pueden actuar como catalizadores del desarrollo económico cuando existe un entorno propicio que permite la acumulación de conocimientos para la innovación económica y proporciona un nivel adecuado de calidad de la infraestructura. Se pueden extraer lecciones de los países ricos en recursos que han evitado los efectos no deseados de un aumento inesperado de los ingresos cuando se produce un auge de los recursos u otras entradas de divisas”, explican desde el Banco Mundial. “Países como Botswana (diamantes), Chile (cobre) y Noruega (petróleo) ofrecen ejemplos de gestión exitosa de los ingresos procedentes de los recursos naturales a través de instituciones fiscales especiales, como fondos soberanos o de estabilización”, ejemplifican. En ese documento abundan los ejemplos “Procíclicos” de Argentina en los que en momentos de bonanza se gasta de más sin prever el futuro.
En ese sentido, Mendoza aún no tiene su propio “pacto” de mayo, junio o julio para saber cuáles son las bases del futuro y con qué recursos se harán.
